Antes de la primera protesta masiva de la izquierda en rechazo del protocolo antipiquetes del gobierno de Javier Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la disponibilidad de la línea telefónica 134 para recibir denuncias sobre punteros políticos que amenacen a beneficiarios de planes sociales con dejar de entregarles el dinero si no participan en la marcha. El número estará disponible para llamar desde todo el país, aunque es muy difícil  que te atiendan porque está saturado. 

 

El Estado garantiza los beneficios independientemente de las organizaciones piqueteras, eliminando los certificados de asistencia como instrumento de extorsión. Adorni ratificó la intención de impedir cortes de calles, advirtiendo que retirarán los planes a quienes participen en la protesta. Se destaca un cambio de paradigma en la política de asistencia social y se pide a los beneficiarios que permanezcan en sus hogares y denuncien presiones al 134.

Por otro lado, organizaciones de izquierda, como el MST, solicitaron a la Justicia la suspensión del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, argumentando su inconstitucionalidad. La presentación recayó en el fuero Contencioso Administrativo Federal después de que el juzgado federal de María Servini se declarara incompetente.