Un intercambio de mensajes de WhatsApp entre Claudio y Marcelo Tórtul, empresarios entrerrianos procesados por el pago de sobornos en la causa Securitas, apunta a una posible participación o conocimiento del exsenador Edgardo Kueider en la ampliación del contrato de seguridad entre ENERSA y la firma Securitas. Esta prórroga, firmada en marzo de 2019 por dos años, habría sido obtenida mediante pagos ilícitos, según una autodenuncia de la propia empresa de seguridad.

Los mensajes, descubiertos en los celulares incautados a los Tórtul durante allanamientos ordenados en abril por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, indican que Kueider, entonces jefe de Gabinete del gobernador Gustavo Bordet, podría haber influido en la licitación. Un mensaje textual enviado por Claudio Tórtul a su hermano menciona: "Q prepare pliego yo hablo cn el Turco Cuaider va a estar a cargo de eso", en referencia al contrato de ENERSA.

Investigación ampliada y vínculo con propiedades

La causa Securitas, que comenzó en 2020 tras una investigación interna de la empresa, analiza pagos de sobornos realizados entre 2016 y 2019 a funcionarios públicos para garantizar contratos. Además, el crecimiento patrimonial de Kueider, incluido un lujoso departamento en Paraná adquirido a través de la empresa Betail SA, es objeto de escrutinio por posible lavado de activos. Según registros judiciales, dicha propiedad habría sido transferida a nombre de Iara Guinsel Costa, vinculada afectivamente con el exsenador y también investigada como presunta testaferro.

Kueider y Costa actualmente cumplen prisión domiciliaria en Paraguay por intentar ingresar al país con USD 211,000 sin declarar, lo que ha acelerado los esfuerzos de la justicia argentina para su extradición.

Conexión con el gobernador Bordet

En mensajes de enero de 2019, los Tórtul mencionan un supuesto pago relacionado con el "negro", identificado como José Laporte, entonces secretario Legal y Técnico de Entre Ríos, y al exgobernador Bordet. Este último ha negado rotundamente las acusaciones, afirmando que las decisiones de contratación en ENERSA no recaían en el Poder Ejecutivo provincial.

La causa sigue bajo análisis por el Juzgado de San Isidro y la Fiscalía Federal, quienes buscan determinar la profundidad de los vínculos entre Kueider, los Tórtul y los pagos de coimas a funcionarios de ENERSA.