La Cámara de Diputados de la provincia debatirá el próximo martes un proyecto de ley enviado por el gobernador Gustavo Sáenz, que busca implementar medidas para que los conductores que provoquen accidentes de tránsito bajo los efectos del alcohol paguen los costos de su atención médica.

La propuesta legislativa habilita al Ministerio de Salud Pública a recuperar los costos asociados con las prestaciones médicas brindadas a personas involucradas en accidentes de tránsito mientras conducían bajo la influencia del alcohol o estupefacientes. El objetivo principal de esta iniciativa es fomentar la concientización y responsabilización entre los conductores que ponen en riesgo su vida y la de los demás.

El proyecto establece que el cobro incluirá los costos de atención médica, medicamentos, prótesis y órtesis que hayan sido necesarias para la atención de los individuos involucrados en estos accidentes. Este mecanismo busca aliviar la carga financiera del sistema de salud pública y redistribuir los costos a aquellos responsables de generar estos gastos.

Esta semana, diputados tratará el proyecto de ley para que conductores ebrios que causen accidentes, paguen los gastos ocasionados en el sistema de salud. 

En los casos donde los infractores no cuenten con los recursos económicos suficientes para cubrir los costos de su atención médica, el proyecto contempla que estos deberán realizar tareas comunitarias como una forma de solventar los gastos. Esta medida no solo busca asegurar el pago de las prestaciones, sino también promover un sentido de responsabilidad social en los infractores.

La propuesta generó un amplio debate entre los distintos sectores de la sociedad. Algunos la ven como una medida justa y necesaria para que los conductores asuman las consecuencias de sus actos, mientras que otros plantean dudas sobre su implementación y posibles efectos sobre las personas de menores recursos.

La sesión del próximo martes en la Cámara de Diputados será crucial para determinar el futuro de esta iniciativa. De ser aprobada, la ley representará un cambio significativo en la gestión de los recursos del sistema de salud pública y en la política de seguridad vial de la provincia.