En el marco del debate nacional por la reforma del Régimen Penal Juvenil, el asesor de incapaces de Embarcación, José Cortez, se manifestó en contra del proyecto impulsado por el Gobierno y respaldado por algunos sectores políticos.

Durante una entrevista exclusiva en Somos la Mañana, el funcionario explicó que la postura del Ministerio Público Pupilar -a través del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina- es que el proyecto no debería avanzar en los términos planteados.

"Es una medida regresiva"

Cortez sostuvo que la baja de la edad de imputabilidad implicaría una restricción de derechos ya reconocidos en la Constitución Nacional y en la Convención sobre los Derechos del Niño, tratados que tienen jerarquía constitucional.

"En lugar de ampliar derechos, los restringe. Es una medida regresiva", afirmó. Según explicó, el marco normativo vigente establece que cualquier reforma debe fortalecer la protección integral de niños y adolescentes, no retroceder en garantías.

Además, señaló que el proyecto pone el eje en la punibilidad antes que en la resocialización. "La sanción penal debería ser la última instancia, no el punto de partida", remarcó.

Pocos casos graves en el norte salteño

El asesor también aportó datos de la realidad local. Según indicó, en el distrito judicial del norte provincial son muy pocos los adolescentes en conflicto con la ley penal y la mayoría de los casos están vinculados a delitos contra la propiedad.

"Los delitos graves son mínimos. No podemos legislar en base a casos aislados y generalizar para todos los adolescentes", expresó.

Cortez insistió en que detrás de la conflictividad penal juvenil suelen existir situaciones de vulnerabilidad extrema: abandono escolar, violencia familiar, falta de contención estatal y pobreza estructural.

Posible judicialización

Consultado sobre la constitucionalidad del proyecto, el funcionario fue contundente: si la ley avanza en los términos actuales, podría ser objeto de planteos judiciales.

"El Ministerio Público tiene la obligación de controlar la constitucionalidad y la convencionalidad de las leyes. Si una norma vulnera derechos adquiridos, corresponde accionar", explicó.

También cuestionó el eslogan "delito de mayor, condena de mayor", al considerarlo inaplicable dentro del sistema jurídico argentino, que establece un trato diferenciado para adolescentes por su condición de personas en desarrollo.

"El Estado llega tarde"

Para Cortez, el foco debería estar en políticas públicas preventivas. "Cuando un adolescente delinque, ya hubo derechos vulnerados antes. El Estado tiene que intervenir mucho antes, no recién cuando aparece el delito", sostuvo.

Finalmente, planteó que la discusión debe centrarse en cómo fortalecer los sistemas de protección integral, la educación y la contención familiar, en lugar de priorizar respuestas punitivas.

 

El debate continuará en el Congreso, mientras distintos sectores del ámbito judicial y social advierten sobre las implicancias constitucionales y sociales que podría tener la reforma.