A 13 años del brutal asesinato de las jóvenes francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni en la Quebrada de San Lorenzo, familiares y ciudadanos siguen denunciando que no se ha hecho justicia. Pese al tiempo transcurrido, señalan que no solo no se han identificado a todos los responsables del crimen, sino que también se habría encubierto la verdad de manera deliberada y delictiva.

Jean Michel Bouvier, padre de Cassandre, junto con otros ciudadanos como Jean Charles Chatard, denuncian la existencia de irregularidades graves en el proceso judicial, incluyendo causas armadas, torturas policiales, inocentes encarcelados y asesinos libres. Según Bouvier, estas irregularidades fueron consentidas y avaladas desde el poder político durante el mandato del exgobernador Juan Manuel Urtubey.

En una carta del 6 de mayo de 2017, Bouvier expresó su indignación al entonces gobernador de Salta, señalando: "Vuestro crédito delante de mí es hoy cercano a cero". Bouvier ha adelantado que, si se reabre la causa, pedirá que Urtubey sea citado a declarar por las supuestas "manipulaciones" en la investigación y por un informe presentado en Francia en 2011. Este informe, entregado por Cristina Fernández en nombre de Urtubey, afirmaba que se había encontrado ADN de los detenidos Gustavo Lasi y Santos Clemente Vera en el cuerpo de Cassandre, pero una posterior revisión forense en Francia desmintió la presencia de ADN de Vera y reveló la existencia de material genético de tres personas desconocidas que nunca fueron identificadas ni incorporadas al expediente.

La desaparición de pruebas clave, como los hisopados de la autopsia, ha profundizado las sospechas sobre el manejo irregular de la causa. En el juicio se reveló que la Policía había descartado esas muestras, lo que dejó sin posibilidad de realizar contrapruebas que podrían haber cambiado el curso de la investigación.

En los últimos días, el exgobernador Urtubey fue confrontado en un vuelo por el influencer Michelo, quien lo responsabilizó por la influencia política sobre las investigaciones judiciales en casos como los asesinatos de Bouvier, Moumni, Yanina Nüesch y Luján Peñalva. Urtubey, visiblemente incómodo, respondió: "Yo no soy el juez", aunque las críticas apuntan a la injerencia de su administración en la designación de jueces y fiscales que intervinieron en estas causas.

El padre de Cassandre ha sido uno de los críticos más severos del juez Martín Pérez, a quien califica de "deshonesto" e "indigno". Pérez fue el encargado de la instrucción del caso antes de ser promovido a camarista, una decisión que también genera suspicacias sobre el grado de control político ejercido sobre el Poder Judicial durante los 12 años de gobierno de Urtubey.

Jean Michel Bouvier ha advertido que, si Santos Clemente Vera vuelve a ser encarcelado sin pruebas sólidas, llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en busca de justicia para su hija y para desenmascarar las irregularidades que, según él, han plagado este proceso desde el principio.