La crisis política que atraviesa el interior de la provincia de Salta ha alcanzado niveles alarmantes, con una serie de escándalos de corrupción que no solo han afectado a la imagen de los dirigentes políticos, sino que también han debilitado la base de la democracia. La intervención de municipios, debido a diversas investigaciones judiciales y procesos de destitución, pone en evidencia un panorama desolador donde los salteños, cada vez más, desconfían de los políticos. El claro ejemplo son las cuatro intervenciones. 

Uno de los casos más emblemáticos de esta crisis se dio en Aguaray, donde el ex intendente Jorge Enrique Prado fue destituido en 2020 tras ser condenado a seis años y medio de prisión por el robo de 228 caños pertenecientes al Gasoducto GNEA, un delito cometido en banda. La intervención del gobierno provincial, bajo la figura de Adrián Zigarán, fue la ficha para llevar el orden al norte.

El reemplazo de los gobiernos municipales no terminó allí. En 2021, Zigarán asumió como interventor en Salvador Mazza, luego de la destitución de Rubén Méndez, ex intendente de esa localidad. Méndez fue involucrado en una causa penal por el hallazgo de 196 millones de pesos, dólares y euros en su poder, lo que llevó a su implicación en un escándalo de lavado de dinero y corrupción. Este hecho no solo destapó un caso de corrupción masiva, sino que también dejó una herida profunda en la confianza de los vecinos, que ahora desconfía de los políticos locales como nunca antes.

La intervención de Zigarán continuó con la administración de Aguas Blancas, después de la imputación de Carlos "Conejo" Martínez, ex intendente de la localidad, quien fue acusado de obstruir la investigación del crimen de su hermano, un asesinato que involucró tráfico de estupefacientes. Además, Martínez enfrentaba cargos por lavado de activos, tras haber sido detenido con 100 mil dólares en su camioneta en 2019. La administración de Martínez, marcada por estos graves delitos, también tuvo que ser reemplazada por la intervención de la provincia.

Por si fuera poco, el robo de rieles en el norte provincial que involucró al histórico intendente Atta Gerala (casi 30 años al frente de Morillo) pone al descubierto que la corrupción utilizó a la política con el fin de sacar provecho propio. Pero la historia no terminaría allí, ya que la Justicia ahora pone el ojo sobre Hipólito Yrigoyen y su intendenta Soledad Cabrera quién no para de recibir denuncias por abandono a la función pública y darle la espalda al pueblo.