En los últimos días, una decisión del vecino país sacudió a miles de salteños que cruzan habitualmente la frontera. Según se conoció, más de 20 argentinos fueron sancionados en Bolivia por no firmar la documentación obligatoria de ingreso, quedando registrados como personas que entraron de manera irregular. La consecuencia fue una multa de 300 bolivianos y la advertencia de prohibición de ingreso por tres años.

La situación generó rechazo e indignación en redes sociales, donde muchos apuntaron a la dureza del control y reclamaron reglas claras y recíprocas para el cruce fronterizo, especialmente en el norte salteño.

Marchas y reclamos en Buenos Aires

El debate no quedó solo en la frontera. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sábado pasado familias marcharon para exigir la deportación de inmigrantes que residen en villas, un reclamo que volvió a poner el tema migratorio en el centro de la escena nacional.

 

Qué opinan los lectores de QPS

Ante este escenario, Que Pasa Salta realizó una encuesta en su web para conocer la opinión de los lectores sobre si Salta debería aplicar medidas similares a las de Bolivia. El resultado fue contundente:

• 96%: "Sí, hay que ser firmes con la ley"

• 2%: "No, no hace falta endurecer controles"

• 2%: "No estoy seguro"

El dato refleja un clima social favorable a controles más estrictos en la frontera.

Los cambios al régimen migratorio que impulsa Milei

En paralelo, el Gobierno de Javier Milei oficializó, vía DNU vigente desde el 29 de mayo de 2025, una serie de modificaciones al régimen migratorio. De acuerdo con información publicada por Chequeado, los puntos más relevantes son:

 

• Deportación por cualquier delito doloso: antes, la expulsión se aplicaba a condenas mayores; ahora puede ser por cualquier delito doloso, incluso penas menores.

• Expulsión por flagrancia: se habilita la expulsión inmediata si la persona es sorprendida cometiendo un delito, aun sin condena firme.

• Salud pública: la atención gratuita queda garantizada solo para emergencias. El resto deberá contar con seguro médico o pagar el servicio.

• Educación superior: las universidades nacionales podrán cobrar a extranjeros que no tengan residencia permanente.

• Ciudadanía y residencia: se endurecen los requisitos; la ciudadanía se otorgará a quienes acrediten dos años de residencia continua sin abandonar el país.