El Gobierno nacional impulsó una reforma de la Ley de Salud Mental que ya ingresó al Senado y abrió un intenso debate entre funcionarios, profesionales de la salud y organizaciones vinculadas a los derechos humanos.

De acuerdo al medio El Explicador, la iniciativa propone modificar aspectos centrales de la normativa vigente, incluyendo los criterios para las internaciones involuntarias, los diagnósticos de salud mental y la posibilidad de crear nuevos hospitales psiquiátricos especializados.

Desde el Ministerio de Salud sostienen que los cambios buscan agilizar la intervención ante situaciones de riesgo y evitar desenlaces graves como suicidios, homicidios o agresiones. Sin embargo, diversos sectores cuestionan la propuesta y alertan sobre posibles vulneraciones de derechos.

Cambios en los diagnósticos

Uno de los puntos más discutidos es la modificación de la definición de las personas alcanzadas por la ley.

Actualmente la normativa habla de personas con "padecimiento mental". El proyecto propone reemplazar ese concepto por el de personas que presenten "afecciones o trastornos mentales", utilizando como referencia la Clasificación Internacional de Enfermedades.

Desde el Gobierno argumentan que la nueva terminología brindaría mayor precisión clínica. No obstante, algunos especialistas consideran que podría dejar afuera situaciones vinculadas a sufrimientos emocionales o problemáticas cotidianas que hoy reciben cobertura y atención.

Internaciones más flexibles

Otro de los cambios centrales está relacionado con las internaciones involuntarias.

La legislación actual exige la existencia de un "riesgo cierto e inminente" para que una persona pueda ser internada contra su voluntad. El proyecto reemplaza ese criterio por uno más amplio: "riesgo grave para la vida o la integridad física".

Además, incorpora la posibilidad de considerar antecedentes y escenarios futuros para justificar una internación.

Según quienes respaldan la reforma, esto permitiría intervenir antes de que una situación se agrave. Entre los defensores de esta postura aparece Marina Charpentier, quien en reiteradas oportunidades cuestionó las dificultades para lograr internaciones en casos de consumo problemático y crisis severas.

Por el contrario, organizaciones especializadas sostienen que la ampliación de los criterios podría derivar en decisiones arbitrarias.

Vuelven al centro del debate los hospitales psiquiátricos

Quizás uno de los puntos más controvertidos es la eliminación de la prohibición para crear nuevos hospitales monovalentes, conocidos popularmente como neuropsiquiátricos o manicomios.

La ley vigente promueve que las internaciones se realicen en hospitales generales. El proyecto, en cambio, habilita nuevamente la atención en instituciones especializadas de salud mental, tanto públicas como privadas.

Desde sectores de la psiquiatría sostienen que la falta de camas genera graves dificultades para atender pacientes. En cambio, organismos de derechos humanos recuerdan antecedentes de hacinamiento, abandono y abusos registrados históricamente en este tipo de establecimientos.

La propuesta será analizada por el Senado y promete generar una fuerte discusión política y sanitaria.