El titular de la Auditoría General de la Provincia (AGPS), Gustavo Ferraris, reconoció públicamente que el relevamiento efectuado sobre la gestión de la exintendenta de Cerrillos y actual diputada nacional Yolanda Vega fue elaborado de manera irregular y sin los controles necesarios.

La auditoría, aprobada recientemente, estableció como fecha de corte el 30 de septiembre de 2023, dos meses antes del cambio de mando, lo que dejó fuera del análisis el período donde suelen concentrarse las decisiones más sensibles: contrataciones directas, endeudamientos, ventas de bienes municipales y aumentos de gasto corriente.

Una auditoría hecha por un allegado personal

Durante una entrevista con un medio capitalino, Ferraris señaló que el contador Javier "Chamano" Cancinos fue el responsable directo del relevamiento y que mantenía una relación personal y de amistad con Vega, de quien incluso es ahijado de casamiento.

El presidente del organismo reconoció que la tarea fue "incorrectamente planificada" y que no compartió los alcances del trabajo aprobado. Según explicó, se trató de una "auditoría de transición" que no debió haber sido realizada por alguien con un vínculo directo con la funcionaria saliente.

"No comparto los alcances del trabajo; fue incorrectamente planificado", afirmó Ferraris, confirmando que la auditoría fue firmada bajo el área de Cancinos y posteriormente objetada mediante una disidencia formal.

 

Gustavo Ferraris. 

Un informe complaciente y con omisiones

El informe aprobado por la AGPS no detectó irregularidades relevantes en la gestión de Vega, a pesar de omisiones graves y inconsistencias patrimoniales. En los hechos, el documento certifica la corrección de una administración que nunca fue revisada por completo.

Mientras tanto, la nueva gestión municipal encabezada por Enrique Borelli denunció al asumir, en diciembre de 2023, una deuda millonaria, falta de maquinaria operativa, expedientes desordenados, obras inconclusas y más de 80 loteos irregulares autorizados durante la gestión anterior.

A ello se sumaron las declaraciones de Gabriela Juárez, titular de Rentas, quien reveló más de 100 habilitaciones falsas y cobros clandestinos que nunca ingresaron a las arcas municipales.

"Actuó como juez y parte"

Para Ferraris, el caso Cerrillos representa un ejemplo de cómo la falta de independencia técnica compromete la función de control. "Cancinos no debió haber intervenido en la auditoría de transición", subrayó el funcionario, al admitir que el vínculo entre auditor y auditado afecta la transparencia del proceso.

Esa irregularidad, lejos de ser una mera formalidad, deja abierta una pregunta que aún resuena en Cerrillos: ¿Dónde está el dinero que faltaba cuando Borelli asumió el municipio?

 

 

El marco normativo

Según la normativa vigente, la Auditoría General de la Provincia (Ley N.º 7.103) es un ente autárquico encargado de controlar, fiscalizar y auditar el uso de los recursos públicos provinciales y municipales.

Dentro de su estructura existe un procedimiento específico, denominado "Relevamiento de Información para la Transición Institucional Municipal" (Resolución AGPS N.º 16/15), que tiene como finalidad brindar información ordenada entre gestiones salientes y entrantes. Sin embargo, este mecanismo no reemplaza a las auditorías integrales, que son las que determinan responsabilidades administrativas o penales.