La Justicia Federal está llevando a cabo una profunda investigación sobre una serie de irregularidades detectadas en la oficina del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en Joaquín V. González, Salta. Tres personas que estaban a cargo de dicha oficina fueron imputadas y apartadas de sus funciones. Las acusaciones apuntan a la movilización de ganado de productores sin su conocimiento.

La investigación se inició a partir de denuncias presentadas por una productora y una fundación del rubro ganadero, complementadas por una auditoría interna del Senasa. La oficina de Joaquín V. González se encuentra en el centro de las investigaciones.

El fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, bajo la supervisión de la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, están a cargo del caso.

Quedaron imputados Raúl Francisco Díaz Pardo, Coordinador de Sanidad Animal del Centro Regional NOA, Sergio Miguel Achtar, Inspector profesional y encargado de la oficina de Senasa, y Natalia Gramajo, Secretaria administrativa de la sede. Estos exfuncionarios enfrentan cargos por "incumplimiento de deberes de funcionario público" y "facilitación culposa de documentos pecuarios falsos". Los tres fueron cesanteados a fines de junio por medidas adoptadas por el organismo nacional.

El 3 de enero, se presentaron dos denuncias claves, la primera de Álvaro Ortiz de Urbina, presidente de la fundación "Ganaderos del Sur", quién denunció irregularidades en la gestión de campañas de vacunación y emisión de documentos de transporte de ganado y la segunda fue por un familiar de una productora local que presentó otra denuncia similar.

"La cantidad de animales en su poder no coincidía con el stock, tenía consignado un número menor al real", indicaron.

Ambas denuncias señalaron a los responsables de la oficina de Senasa en Joaquín V. González. Las investigaciones iniciales revelaron discrepancias en los registros de animales en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA), descubriéndose documentos de tránsito electrónico (DTE) falsificados, incluyendo operaciones a nombre de productores fallecidos.

 

Las autoridades de Senasa confirmaron las irregularidades mediante dos auditorías internas, descubriendo numerosos casos similares de trámites sin firmas ni datos personales requeridos, evidenciando una grave afectación a la salud pública al mover ganado sin controles sanitarios adecuados. / FMProfesional