
Kripper pidió hasta 80 días de cárcel para quienes organicen fiestas clandestinas
Este martes se realizó la primera Sesión Ordinaria del año en la Cámara de Diputados de Salta. Entre los temas tratados apareció un proyecto para modificar el Código Contravencional
Este martes se llevó adelante la 1º Sesión Ordinaria en la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, donde comenzaron a debatirse distintos proyectos vinculados a seguridad, control y orden público.
Uno de los expedientes que generó mayor atención fue el 91-53.527/25, que propone modificar el artículo 124 del Código Contravencional de Salta (Ley Nº 7.135) para endurecer las sanciones contra quienes organizan fiestas clandestinas.
La iniciativa busca actualizar la normativa vigente frente al crecimiento de este tipo de eventos en distintos puntos de la provincia.
Qué cambiaría con el proyecto
El proyecto plantea agravar las penas actuales y ampliar las responsabilidades para quienes participan en la organización de fiestas o eventos con acceso público sin habilitación.
Entre los principales cambios que se proponen:
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Aumentar la sanción de 20 días de arresto actuales a un rango de entre 30 y 80 días.
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Incorporar responsabilidad solidaria del dueño o poseedor del inmueble donde se realice el evento.
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Establecer criterios para graduar las sanciones, según cantidad de asistentes, tamaño del lugar o reincidencia.
La propuesta también contempla agravantes específicos, como presencia de menores o venta de alcohol sin control.
Preocupación por el avance de las fiestas clandestinas
El impulsor de la iniciativa, el diputado Guillermo Kripper, explicó que el proyecto responde a una situación que viene creciendo en Salta y especialmente en municipios del Valle de Lerma, el área metropolitana y localidades del interior.
En diálogo con Somos la Mañana, el legislador señaló:
"Es muy grave lo que está pasando con el avance de fiestas clandestinas".
Según detalló, muchos de estos eventos terminan en situaciones de violencia, consumo de alcohol sin controles y presencia de menores, lo que genera riesgos tanto para los asistentes como para los vecinos de la zona.
También advirtió que alrededor de estas fiestas aparecen otras actividades ilegales, como la presencia de trapitos u otros rubros no habilitados.
El impacto en los operativos policiales
Otro punto que preocupa a las autoridades es el gran despliegue policial que requieren las clausuras.
Cuando la policía detecta una fiesta clandestina, suele intervenir con operativos que involucran entre 15 y 20 efectivos, lo que implica desatender otras situaciones de seguridad.
Tras el operativo, los efectivos elaboran un informe que luego analiza el fiscal de Contravenciones, quien determina la sanción según los agravantes detectados.
"La presencia de menores y la venta de bebidas alcohólicas son agravantes", explicó Kripper.
El camino que sigue el proyecto
El expediente aún no cuenta con dictamen de las comisiones de Justicia, Hacienda y Presupuesto, y Legislación General.
Por lo tanto, el proyecto deberá avanzar primero en la Cámara de Diputados y luego pasar al Senado para su tratamiento definitivo.