Las fiestas clandestinas volvieron a multiplicarse en Salta y el norte provincial, con un combo preocupante: peleas, abusos, intoxicaciones y accidentes viales. Frente a este escenario, el diputado provincial Guillermo Kripper presentó un proyecto que promete marcar un antes y un después en la forma de sancionar estos eventos ilegales.

Ni bien asumió en la Cámara de Diputados, Kripper impulsó una modificación del artículo 124 del Código Contravencional para endurecer las penas y cerrar los vacíos legales que hoy permiten que muchos organizadores sigan haciendo negocios sin consecuencias reales.

En diálogo con Somos la Mañana, el legislador fue claro sobre el impacto de estas fiestas:

"Las fiestas clandestinas generan un riesgo real para la sociedad".

Y explicó que el problema no se limita a quienes asisten, sino que termina afectando a vecinos y a personas que no participan de esos encuentros.

"Generan peleas, abusos, siniestros viales y accidentes para gente que no participa de estos encuentros, donde muchas veces hay exceso de consumo de alcohol y drogas".

Qué plantea el proyecto

La iniciativa propone actualizar los criterios de infracción y aplicar sanciones más severas a quienes organicen eventos sin habilitación o incumplan normas básicas de seguridad.

Las penas previstas incluyen:

• Arresto de 30 a 80 días, según la gravedad del caso.

• Multas que rondan los $550.000.

Kripper fue contundente al señalar el trasfondo económico de estas fiestas:

"Me parece una irresponsabilidad que lucren con estas fiestas ilegales que ponen en riesgo a los jóvenes".

Los puntos clave de la reforma

El proyecto contempla sanciones para:

• Fiestas realizadas en lugares no habilitados o sin condiciones de seguridad.

• Ingreso o permanencia de menores fuera del horario permitido.

• Permitir el acceso a personas ebrias o vender alcohol a quienes ya estén intoxicados.

• Organización con cobro de entrada o fines de lucro, donde la pena se agrava en un tercio.

Además, se incorpora la responsabilidad solidaria entre organizadores y propietarios del inmueble, para evitar que los dueños de los lugares se desliguen de lo ocurrido.

El diputado remarcó que la reforma busca fortalecer la prevención y darle al Estado herramientas más claras para actuar, teniendo en cuenta factores como la cantidad de asistentes, el tamaño del lugar y la reincidencia.