El Ingenio Ledesma, uno de los principales complejos azucareros de la Argentina, está profundamente ligado a la historia económica y social de Jujuy. Pero detrás de sus enormes campos de caña y de la producción de azúcar existe también uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del norte argentino.

Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, durante la última dictadura militar, localidades como Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar quedaron atravesadas por una serie de operativos represivos que pasarían a la historia como "La Noche del Apagón".

De acuerdo a lo publicado por el medio Resumen Latinoamericano, durante esas jornadas se produjeron cortes de electricidad y, en medio de la oscuridad, fuerzas militares y de seguridad realizaron allanamientos y secuestros.

Según información oficial, más de 400 personas fueron secuestradas durante esos operativos y 33 continúan desaparecidas. Entre las víctimas había trabajadores, estudiantes, sindicalistas, militantes y profesionales.

La noche en que la oscuridad fue parte del terror

Los apagones comenzaron el 20 de julio de 1976 y los operativos se extendieron durante varios días.

La documentación oficial señala que muchos de los secuestros fueron realizados utilizando vehículos del Ingenio Ledesma. Las víctimas eran trasladadas inicialmente a dependencias policiales y posteriormente algunas fueron llevadas al centro clandestino de detención de Guerrero, donde sufrieron torturas.

La participación empresarial en estos hechos fue posteriormente investigada por la Justicia.

Carlos Pedro Blaquier, entonces dueño de Ledesma, y Alberto Lemos, administrador general de la empresa, fueron procesados por delitos vinculados con la privación ilegal de la libertad de trabajadores y referentes sociales durante la dictadura. En 2021, una de las causas por los hechos de las "Noches de los apagones" fue elevada a juicio oral.

El Ministerio Público Fiscal también documentó investigaciones sobre la presunta colaboración entre sectores empresarios y las fuerzas armadas y de seguridad para perseguir a trabajadores y dirigentes gremiales.