La crisis de infraestructura en Argentina volvió a quedar en el centro del debate luego de que el Consejo Federal de la Construcción advirtiera que el país pierde alrededor de 25.000 millones de dólares al año debido a la falta de mantenimiento adecuado en rutas y caminos.

El diagnóstico fue respaldado por la Cámara Argentina de la Construcción y sus filiales provinciales, que señalaron que la situación actual configura un escenario de "emergencia" para el sistema vial. Según explicaron, la paralización de obras y la ausencia de un plan integral impactan directamente en la seguridad vial, la competitividad logística y la calidad de vida de la población.

La magnitud de la pérdida económica resulta significativa: supera incluso los 23.000 millones de dólares que generaron las exportaciones de manufacturas industriales en 2025 y se ubica por encima de otros compromisos económicos relevantes del país.

Durante una reciente exposición internacional, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció las falencias en el sistema logístico y aseguró que el Gobierno proyecta la construcción de 12.000 kilómetros de rutas en los próximos años. "En dos años más la logística en la Argentina va a ser totalmente diferente", sostuvo.

Sin embargo, desde el sector privado remarcaron que el problema es estructural. La OCDE ya había advertido que la falta de inversión en infraestructura es uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país y su integración al comercio internacional.

Argentina pierde alrededor de 25.000 millones de dólares al año debido a la falta de mantenimiento adecuado en rutas y caminos.

Actualmente, existen cerca de 30.000 kilómetros de rutas que no están bajo concesión, lo que agrava el deterioro de la red vial. Aunque se valoró el inicio de un sistema de concesiones como un avance, los especialistas consideran que aún es insuficiente para revertir la situación.

Otro punto crítico es la deuda del Estado con las empresas constructoras. Desde el sector denunciaron que la falta de definiciones sobre los mecanismos de pago genera incertidumbre y pone en riesgo la continuidad de muchas firmas, además de miles de puestos de trabajo.

Frente a este escenario, el Consejo Federal de la Construcción propuso una serie de medidas urgentes, entre ellas la reactivación de obras paralizadas, la cancelación de deudas, la normalización de fondos específicos como el SISVIAL y el desarrollo de un programa federal de infraestructura que incluya rutas, ferrocarriles, puertos, energía y saneamiento.

 

El mensaje es claro: sin inversión sostenida en infraestructura, no habrá crecimiento económico ni desarrollo sostenible en Argentina.