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La obra social que complicó a los hospitales salteños: será intimada ante la Justicia

Detrás de una cifra astronómica que supera los diez mil millones de pesos

El sistema de salud pública de Salta atraviesa un punto crítico donde los números no cierran y la paciencia llegó a su límite. En un intento crucial por resguardar el funcionamiento y los insumos de la red hospitalaria, el Ejecutivo provincial comenzó una ronda de negociaciones con representantes de nueve obras sociales que mantienen pesadas deudas con los nosocomios públicos. Entre las más morosas, están OSPRERA, OSECAC y OSPECON.

Aunque la mayoría de las entidades manifestaron la intención de presentar planes de pago en un plazo de hasta 30 días, hay un actor que encendió todas las alarmas en el Gran Bourg y promete llevar la tensión al terreno legal.

El gigante que debe miles de millones

La mayor preocupación del Gobierno de Salta apunta directamente hacia OSPRERA (la obra social de los trabajadores rurales), señalada de forma directa por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, como la principal deudora de la provincia.

La magnitud del hueco financiero es impactante y compromete seriamente las arcas de los centros médicos más importantes:

  • Hospital San Bernardo: Se le adeuda una cifra cercana a los 10.000 millones de pesos.

  • Hospital Dr. Arturo Oñativia: La deuda asciende a aproximadamente 2.000 millones de pesos.

  • Interior de la provincia: A este panorama se le suman abultados compromisos impagos con los hospitales de Orán y Tartagal.

 

Años de arrastre y una paciencia que se agota

Esta millonaria mora no es reciente. Según detalló la cartera de Salud, el pasivo de OSPRERA se viene acumulando desde hace aproximadamente cuatro años. Pese a las constantes intervenciones administrativas que sufrió la entidad y a las reiteradas gestiones ante organismos nacionales, ningún intento dio frutos hasta el momento.

Si bien se fijó una nueva reunión dentro de los próximos 15 a 20 días para evaluar si aparece una propuesta formal de pago, las autoridades provinciales ya trazaron una línea roja.

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