La problemática de la violencia de género en Salta generó una crisis en la capacidad operativa de la Policía, que se encuentra desbordada ante la creciente demanda de consignas policiales para proteger a las víctimas. 

Según datos recientes, se estima que la Justicia ordenó aproximadamente 2.000 consignas policiales, la mayoría de ellas relacionadas con casos de violencia de género. Este incremento llevó a que se necesiten alrededor de 6.000 efectivos policiales para cubrir estas consignas, afectando gravemente la seguridad en las calles.

La situación actual representa un aumento significativo en comparación con el 2020, cuando se requerían 2.400 policías para cubrir 800 pedidos de consigna. Esta tendencia preocupante se vio reflejada en un incremento constante de denuncias por violencia familiar y de género, que alcanzaron su pico en 2023 con 26.734 casos registrados, según el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta.

El Ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Marcelo Domínguez, expresó en ElTribuno su preocupación por la situación, destacando que la Policía cuenta con 8.800 efectivos en actividad, una cantidad insuficiente para cubrir tanto las consignas judiciales como las necesidades de seguridad general de la población. 

Domínguez enfatizó la necesidad de implementar más medios electrónicos, como pulseras y botones antipánico, para aliviar la presión sobre las fuerzas policiales.

El uso de medios electrónicos fue una solución discutida desde hace varios años, pero la falta de recursos limitó su implementación. Actualmente, Salta cuenta con un número reducido de dispositivos, lo que dificulta la protección eficiente de las víctimas.

Marcelo Domínguez, ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia. 

"En muchos casos, en vez de consignas fijas, consignas móviles pero tenemos que cumplir con todas, porque si no incurrimos en el delito de desobediencia judicial", reveló Domínguez.

 

 

 

 

La situación generó una profunda preocupación en la sociedad salteña, que ve cómo la seguridad pública se ve comprometida ante la creciente demanda de consignas. La necesidad de soluciones tecnológicas y un mayor apoyo institucional se hace cada vez más evidente para combatir de manera efectiva el flagelo de la violencia de género en la provincia.