En medio de la incertidumbre generada por la decisión del Gobierno nacional de disolver la Secretaría de Vivienda, la provincia de Salta ha decidido tomar las riendas de la situación para garantizar la continuidad de las obras de construcción de viviendas, una necesidad urgente para miles de familias que llevan años esperando una solución habitacional. A través de una entrevista a Qué Pasa a la Mañana, la arquitecta Laura Caballero, presidenta del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), confirmó que la provincia sostendrá las obras con recursos propios y un sistema de ahorro previo, a pesar de la falta de financiamiento nacional.

"La vivienda no es prioridad para el gobierno nacional", expresó Caballero con contundencia, reflejando el descontento y la preocupación que atraviesa a la provincia. Actualmente, el Gobierno nacional mantiene una deuda superior a los $1.800 millones con Salta por certificados de obra impagos, una situación que ha puesto en riesgo la continuidad de miles de viviendas en construcción.