El Gobierno nacional avanza con una reforma migratoria que busca cobrar aranceles a los extranjeros no residentes por servicios de salud y educación, además de endurecer los controles fronterizos y agilizar las deportaciones de inmigrantes involucrados en delitos. El proyecto, impulsado por el presidente Javier Milei, fue mencionado durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y apunta a modificar la Ley de Migraciones 25.871, vigente desde 2004.

La iniciativa incluye medidas como el arancelamiento universitario para no residentes y el pago por atención médica, siguiendo el modelo ya implementado en provincias como Salta, Mendoza y Jujuy, donde se registró un ahorro significativo en gastos sanitarios. Además, se reforzarán los controles en fronteras para combatir el ingreso ilegal y delitos como el narcotráfico.

El Ministerio de Justicia lidera la redacción del nuevo articulado, que espera ser aprobado antes de fines de 2025. De no lograrse consenso en el Congreso, el Gobierno no descarta recurrir a un decreto para implementar los cambios.