Mediante el Decreto N° 35, publicado este lunes 2 de febrero en el Boletín Oficial, el Gobierno provincial avanzó en la reglamentación del derecho de acceso a la información pública, una deuda pendiente desde que Salta adhirió a la ley nacional.

La norma establece la adhesión formal a los Decretos Nacionales N° 206/2017 y N° 780/2024, que reglamentan la Ley Nacional N° 27.275, y se encuadra dentro de la Ley Provincial N° 8.173.

Según se detalla, el objetivo es garantizar que los ciudadanos puedan acceder a información pública de manera efectiva, fortaleciendo la transparencia y la confianza en las instituciones provinciales.

Quién controlará y cómo se pedirá la información

El decreto designa como autoridad de aplicación a la Secretaría de Modernización y Servicios Públicos, dentro del Poder Ejecutivo. Además, aclara que todas las referencias a organismos nacionales deberán interpretarse, en el ámbito local, como organismos provinciales competentes.

Hasta que finalice la digitalización del sistema, las solicitudes deberán presentarse por escrito y en formato papel, cumpliendo los requisitos previstos por la ley.

Un punto clave: los ciudadanos podrán recurrir directamente a la Justicia contencioso administrativa si se les restringe el acceso a la información, sin necesidad de agotar la vía administrativa.

Página oficial y obligación de informar

La norma también ordena la implementación y actualización de una página oficial de acceso a la información, que estará a cargo del área de Modernización, con facultades para requerir datos a todos los sujetos obligados.

Esto implica que ministerios, secretarías y organismos provinciales deberán responder pedidos y publicar información de manera activa.

En paralelo, extraordinarias por los test toxicológicos

 

La reglamentación se conoce en un contexto político particular: el Ejecutivo provincial convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura para intentar aprobar el DNU que establece test toxicológicos obligatorios para funcionarios.