Un informe reciente reveló una alarmante situación en las universidades del país: más del 85% de los docentes y el 60% del personal no docente se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Entre diciembre de 2023 y julio de 2024, los salarios en el sector universitario sufrieron una pérdida del 33,3% en su poder adquisitivo, mientras que la inflación alcanzó un 134,5% en el mismo período. La recomposición salarial, en cambio, apenas llegó al 56,9%, dejando a los trabajadores universitarios en una posición de extrema vulnerabilidad.

El informe también subraya que la pérdida salarial en el ámbito universitario es la más alta en comparación con otros sectores, incluidos el trabajo privado, estatal y no registrado. Esta situación ha generado una profunda preocupación en la comunidad universitaria, que se ve afectada no solo por la inflación, sino también por la falta de ajustes salariales acordes a la realidad económica.

"A pesar de la actualización en los gastos de funcionamiento tras la Marcha Federal Universitaria en abril, los salarios siguen retrasados. Por eso, exigimos la urgente sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y que será tratada este jueves 5 de septiembre en la Cámara del Senado", declaró la Universidad Nacional de Salta en un comunicado oficial.

La situación financiera de las universidades ha sido precaria desde principios de año. En febrero, se advirtieron las dificultades para cubrir los pagos de funcionamiento, lo que motivó la realización de la Marcha Federal Universitaria en marzo. Aunque en mayo se logró una actualización en los gastos de funcionamiento, los meses de junio y julio transcurrieron sin avances en la recomposición salarial, becas, presupuesto para ciencia y técnica, ni en proyectos de infraestructura.

Ante esta situación, se convocó un Paro Nacional Universitario de trabajadores docentes y no docentes para los días 12, 20 y 21 de agosto, en un intento por visibilizar la crisis y exigir respuestas urgentes por parte del gobierno.

La comunidad universitaria sigue en vilo, esperando que la Ley de Financiamiento Universitario se convierta en una realidad que pueda mitigar la crisis y mejorar las condiciones de quienes sostienen la educación superior en el país.