La incertidumbre laboral en la Administración de Recursos y Contribuciones de Argentina (ARCA) se intensifica tras el fallo de la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que prohíbe los despidos en el organismo. La medida cautelar, solicitada por los gremios Aefip y Supara, busca proteger la estabilidad de 3.155 empleados en riesgo de desvinculación.

En paralelo, el Gobierno nacional implementó un programa de Retiro Anticipado dirigido a empleados de planta permanente mayores de 58 años, cuyo plazo vence el próximo 13 de febrero. Este programa, en un contexto de tensiones internas, ha sido criticado por sindicalistas que denuncian una política de ajuste encubierta.

Un fallo clave para la estabilidad laboral

Ramiro García Salado, secretario general del Noroeste del Sindicato de Empleados de la AFIP, celebró la decisión judicial que obliga al Poder Ejecutivo y a ARCA a abstenerse de acciones que comprometan la estabilidad laboral. Sin embargo, expresó su preocupación por el congelamiento salarial y la falta de paritarias desde 2022.

"El fallo es un alivio temporal, pero la situación salarial es crítica. El Fondo de Jerarquización, clave para nuestros ingresos, se ha reducido drásticamente, afectando tanto los sueldos como el funcionamiento del organismo", afirmó García Salado. Según explicó, este fondo, que depende de un porcentaje de la recaudación nacional, pasó de representar el 0,77% a solo el 0,60%.

Críticas al Gobierno y estigmatización del personal

El gremialista acusó al Gobierno de usar argumentos discriminatorios para justificar las cesantías, estigmatizando a los trabajadores al señalar presuntos sueldos exorbitantes y actitudes persecutorias hacia los contribuyentes.

"Se buscó demonizar al personal de ARCA, generando una imagen distorsionada ante la sociedad. Es una maniobra que solo profundiza el deterioro de nuestro organismo y afecta la moral de los trabajadores", declaró.

Sin avances en la conciliación obligatoria

La conciliación obligatoria, que pretendía facilitar un acuerdo entre las partes, no ha producido avances significativos. "No hubo negociación real. ARCA insistía en cumplir con la palabra presidencial, mientras nosotros defendíamos el convenio colectivo y la estabilidad laboral", señaló García Salado.

El polémico cambio de nombre

Otro punto de conflicto es el cambio de nombre de AFIP a ARCA, impulsado por el presidente Javier Milei. García Salado calificó la medida como un "capricho" simbólico que no generó cambios sustanciales en las funciones del organismo.