El gobierno de Santa Fe anunció este lunes una medida fuerte en medio de la ola de amenazas en escuelas: les reclamará el costo de los operativos policiales a quienes sean identificados como responsables de estos hechos. La decisión fue comunicada por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, junto al ministro de Educación, José Goity.

Según precisó la Provincia, solo el viernes de la semana pasada se registraron 65 incidencias vinculadas a amenazas en escuelas en todo el territorio santafesino, una cifra que encendió todas las alarmas y obligó a activar distintos protocolos de intervención.

Cococcioni advirtió que cada operativo policial por este tipo de episodios tiene un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos y sostuvo que avanzarán para recuperar ese dinero de parte de los autores identificados. "Vamos a perseguir el cobro de esos costos a los responsables identificados en cada caso", afirmó.

Desde la administración provincial explicaron que, por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro, el Ministerio de Justicia y Seguridad impulsará acciones judiciales, en coordinación con la Fiscalía de Estado, para reclamar un resarcimiento económico en los casos en los que se logre determinar quién estuvo detrás de las amenazas.

El Gobierno recordó además que realizar pintadas, difundir mensajes intimidatorios o generar falsas alarmas constituye el delito de intimidación pública, contemplado en el artículo 211 del Código Penal. La Provincia ya había advertido días atrás que este tipo de amenazas "no es una broma" y que puede tener consecuencias penales.

En paralelo, el Ministerio de Educación pidió a directivos, docentes, centros de estudiantes y familias que tomen un rol activo frente a esta problemática. Goity planteó que estas conductas deben ser abordadas en las aulas e incorporadas como una falta gravísima dentro de los acuerdos de convivencia escolar.

El funcionario también vinculó la escalada de amenazas con desafíos virales que, según dijo, alteran el funcionamiento normal de las escuelas, generan angustia y repercuten en toda la comunidad. En ese marco, la Provincia informó que mantuvo contacto permanente con las nueve regionales educativas para monitorear cada caso y enviar pautas de actuación a instituciones y familias.

 

La decisión oficial llega después del episodio más grave ocurrido en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, donde a comienzos de abril un estudiante mató a Ian Cabrera, de 13 años. Desde entonces, Santa Fe viene reforzando controles y endureciendo el mensaje frente a cualquier amenaza vinculada a posibles ataques escolares.