La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a Luis Emilio Fayón Medina por el supuesto delito de fraude a la administración pública. Además, la esposa y la cuñada del exdirector de la Panadería Social de la Municipalidad de Salta fueron imputadas como partícipes necesarias en el mismo delito.

Durante la audiencia de imputación, los tres imputados, acompañados por un abogado particular, optaron por no declarar ni responder a las preguntas de la Fiscalía.

La intervención de la UDEC se inició tras una denuncia presentada el 24 de mayo por el Procurador General de la Municipalidad de Salta, quien señaló graves irregularidades en la gestión de la Sociedad del Estado Municipal "Pan Solidario". La auditoría, que abarcó el período de julio a diciembre de 2023, detectó presuntos sobreprecios, compras direccionadas y un manejo irregular de los recursos de la Panadería Social, lo que podría haber generado un perjuicio económico al municipio de alrededor de $100 millones.

Según la investigación, la Panadería Social habría favorecido a ciertos comercios sin justificación aparente, en particular a los negocios de la esposa y la cuñada de Fayón Medina, quienes habrían facturado a la Panadería Social más de $50 millones por la venta de fiambres y embutidos. El informe de los investigadores destaca que resultó "al menos inusual" que un ente como la Panadería Social adquiriera insumos en comercios de tan pequeña escala, sin historial en el rubro, sin una relación previa de provisión, y sin un proceso de selección que promoviera la eficiencia y la transparencia en el gasto.

La investigación también reveló la presunta existencia de sobreprecios en la compra de insumos. En varias facturas, el precio de la margarina adquirida era hasta diez veces mayor que el precio de mercado. Por ejemplo, un proveedor facturó "Margarina Premium por 10 kg." a $161.150, cuando el precio real era de aproximadamente $16.560. Esta diferencia representó un daño patrimonial de más de $3.300.000 solo en este rubro.

Además, se detectaron discrepancias en el uso de la materia prima comprada por la Panadería Social. Las cantidades de insumos adquiridos excedían significativamente las necesarias para la producción registrada, lo que sugiere un faltante de stock sin justificación aparente. Según los cálculos de la auditoría, estas irregularidades podrían haber ocasionado un daño económico cercano a los $100 millones.